Cataluña, más lejos de Europa: las consecuencias del intervencionismo de Aragonès en vivienda

Cataluña ha profundizado en su intervención del mercado de la vivienda con un nuevo decreto que ya no deja fuera ninguna modalidad de alquiler. Pisos de larga estancia, de temporada, habitaciones y apartamentos turísticos están ya bajo el paraguas regulador de la Generalitat, que según denuncian diversas fuentes del sector inmobiliario, aleja a la región del resto de España, provocando una potencial fuga de inversiones.

La espantada inversora puede generar, a su vez, una escasez de oferta todavía más aguda, lo que complica aún más el derecho a acceder a una vivienda digna. Todo ello mientras el acceso a un piso en las grandes ciudades es cada vez más prohibitivo e, incluso en el campo, los inmuebles no son tan baratos como deberían precisamente por las erráticas políticas públicas de vivienda en las dos últimas décadas, según denuncian empresarios de zonas como Lleida.

Sin pisos sociales

Las voces consultadas en el sector sostienen que la solución no pasa por dictar los precios desde la Administración, algo que simplemente hace que los ricos paguen menos, pues la falta de pisos no se resuelve y las personas menos solventes se quedan fuera del mercado al priorizar los propietarios perfiles con menos probabilidad de impago. Mientras exista un déficit de vivienda, el acceso a un alquiler razonable no será un derecho para todos.

En vez de este tipo de fórmulas, que tildan de populistas, efectistas e inefectivas, los directivos del sector y los expertos en la materia apuestan de forma mayoritaria por facilitar la promoción de pisos, tanto en el mercado libre como en alquiler social, que es el modelo hacia el que han confluido la mayoría de países europeos. Esta inundación de nuevos inmuebles, algunos de ellos más baratos al estar en régimen de protección oficial, es la que se ha demostrado efectiva no sólo para rebajar los precios, sino para garantizar que no hay una parte de la demanda que se quede sin oferta.

Contra la doctrina económica internacional

Al ser consultados por esta cuestión, Idealista señala que "desde la Generalitat vuelven a incidir en la persecución y la criminalización a los propietarios sin entender que ha sido la legislación a golpe de decreto y prohibiciones la que nos ha traído al punto en el que estamos en este momento". Además, lo hacen "desatendiendo los consejos de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España", lamenta Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario.

La compañía carga contra la "obcecación en recetas ya demostradas fallidas" por parte del Govern, que sólo "conseguirá dañar aún más la oferta de viviendas y supondrá un daño que las familias pagarán durante años en forma de escasez y falta de actualización y mantenimiento". Mientras tanto, los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) lamentan que el Govern no les haya "llamado en ningún momento para conocer" su opinión.

El Govern no dialoga

Esta "actitud" contrasta con la del Gobierno central, que ya se ha puesto en contacto e incluso reunido "varias veces" en los últimos meses con el sector, indica Carles Sala, portavoz de los API en Cataluña. Añade que se trata de encontrar el "equilibrio" para evitar el uso ilícito del alquiler de temporada, al que no puede recurrirse cuando en realidad la vivienda es habitual, pero subraya que "el decreto ley no es la vía adecuada" para abordar un debate que debería haber pasado por tramitación en el Parlament. Esquivar este paso sólo genera aún más "inseguridad jurídica", advierte.

"Ante la dificultad de desahucios por impago de rentas y la limitación de precios, los propietarios han optado por el alquiler temporal", expone Mercedes Blanco, consejera delegada de Fincas Blanco. "Sin duda, si hay dificultad de alquiler temporal disminuirá la oferta de cualquier tipo, y se agravará el problema del alquiler", apunta.

Habrá menos pisos en alquiler

En vez de aplicar medidas en esta línea, la también responsable de Vecinos Felices y miembro del Comité Asesor Jurídico de COAPI aboga por "agilizar los procesos legales en caso de impago", ofrecer "seguridad jurídica" y sumar oferta al mercado. Esto último se puede hacer "por promoción público-privada" o comprando "activos de fondos o bancarios que se destinen al alquiler social".

"No es casual que estemos a las puertas de unas elecciones", sostiene Iñaki Unsain, director de ACV Gestión Inmobiliaria, que cree que "esta ley vende para sus votantes", en referencia a la ERC de Pere Aragonès, por lo que considera que "debería estar prohibido que en periodo electoral hagan este tipo de medidas", que califica de "tremendo error". "Muy probablemente, este decreto ley será recurrido y lo acabarán tumbando", pronostica, aunque teme que hasta que llegue una sentencia, previsiblemente en un par de años, deberá aplicarse y "mucha gente dejará de alquilar sus pisos" huyendo de una "rentabilidad ridícula". Todo ello puede "aflorar dinero negro", mientras que "la demanda seguirá siendo muy fuerte", por lo que "saldrán vías" para "alquilar a un mayor rendimiento".